El presidente Donald Trump anunció que solicitó al Departamento de Justicia iniciar de forma inmediata una investigación contra empresas empacadoras de carne en Estados Unidos por presuntas prácticas ilegales que estarían elevando artificialmente los precios de la carne de res.
Según el mandatario estadounidense, estas compañías estarían incurriendo en colusión ilícita, fijación de precios y manipulación de precios. Trump señaló que su objetivo es proteger a los ganaderos del país, quienes según su versión están siendo culpados injustamente por las acciones de las empacadoras.
El presidente destacó que la mayoría de estas empresas son de propiedad extranjera y acusó a estas compañías de inflar artificialmente los precios, situación que según su perspectiva pone en riesgo la seguridad alimentaria de la nación.
La declaración de Trump no especifica qué empresas serán investigadas ni proporciona evidencia concreta de las prácticas alegadas. Tampoco se detalla el proceso que seguirá el Departamento de Justicia ni el plazo en que se desarrollará la investigación.
Este anuncio ocurre en un momento en que las relaciones comerciales agrícolas entre Estados Unidos y otros países atraviesan momentos críticos. El 3 de noviembre de 2025, la secretaria de Agricultura estadounidense, Brooke Rollins, se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.
La reunión concluyó poco después de las 16:00 horas y tuvo como objetivo central abordar la reapertura de la frontera estadounidense a la importación de ganado mexicano, actualmente cerrada debido a un brote de gusano barrenador.
El cierre fronterizo ha generado pérdidas económicas millonarias a los ganaderos del norte de México. Como medida para resolver la situación sanitaria, México se encuentra trabajando en la instalación de una planta de producción de moscas estériles, tecnología utilizada para el control de esta plaga.
Esta reunión bilateral se enmarca en un contexto donde el cierre gubernamental estadounidense cumple más de 30 días, con eventos críticos desarrollándose en el Senado y un plazo judicial sobre beneficios alimentarios.
En el ámbito de políticas arancelarias, el gobierno de Trump impuso un arancel del 40% sobre los productos brasileños en julio, incluido el ganado, además de un aumento arancelario del 10% anterior. Estados Unidos justificó los aranceles argumentando que las políticas de Brasil y el enjuiciamiento penal del expresidente Bolsonaro constituyen una emergencia económica.
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CT
